Crisis de derechos humanos en Perú durante noviembre de 2020

La situación actual de los derechos humanos en el Perú durante 2020 refleja una debilidad institucional para resolver conflictos sociales. 


Se convoca a que la sociedad civil organizada articule esfuerzos descentralizados.


Es necesario habilitar espacios internacionales para los descargos de la sociedad peruana.


Situación actual de los derechos humanos en el Perú durante 2020

Ante los recientes hechos de inestabilidad política, económica y social que vienen ocurriendo en el Perú, comunicamos lo siguiente:

1. El golpe parlamentario que devino en el gobierno actual de Manuel Merino, ocasionó una ola de protestas descentralizadas en todo el país. Ello por considerarse una medida sin legitimidad, y sostenida en interpretaciones por la presencia de vacíos legales.

2. La población, la sociedad civil y la comunidad internacional han sido testigos de las múltiples vulneraciones de -por lo menos- 16 de 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellos están el derecho a la vida, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a no ser detenido de manera arbitraria, etc.

3. Asimismo, los niveles de violencia experimentados en las protestas generan una profunda preocupación sobre su duración y resultado. Vale recalcar que -debido a las iniciativas legislativas presentadas en las últimas horas- surgen incertidumbres institucionales, económicas, sociales y ambientales.

4. Adicionalmente, invocamos a la vigilancia ciudadana sobre la atención reconocida por las leyes peruanas y por los respectivos convenios y/o tratados internacionales de los que Perú participa, en cuanto al reconocimiento y protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

5. La crisis de confianza hacia las instituciones y las señales autoritarias desde las mismas, alertan de un posible escenario perjudicial en las elecciones programadas de abril de 2021. En un clima de represión violenta, cada candidato y candidata presidencial requiere las garantías propias de un sistema democrático para ejercer su posición política con libertad, incluso si esta fuera discrepante con las decisiones vigentes.

6. En consecuencia, animamos a que la sociedad civil organizada articule esfuerzos descentralizados con el objetivo de contribuir a la canalización de las necesidades más urgentes de la población peruana, para alcanzar una solución jurídica, pacífica y responsable con la integridad del país.

7. En ese sentido, vemos necesario convocar -bajo carácter de URGENCIA- a las instancias internacionales encargadas de canalizar las demandas de la población peruana, con el fin de garantizar mínimos estándares democráticos, respetuosos del marco jurídico y sobre todo de los derechos humanos.

Finalmente, reiteramos nuestro respeto hacia los derechos fundamentales, extendemos total respaldo a la ciudadanía organizada, y transmitimos nuestra solidaridad hacia las víctimas de la violencia suscitada en los últimos días.

Lima, 14 de noviembre de 2020.

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